La sociedad como protagonista del cambio social y legal

Se están celebrando cinco años de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario en un contexto donde resalta la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que lo declaró constitucional en sus cincuenta Estados.

Me parece oportuno comentar los contrastes entre un proceso que termina en un fallo y un proceso que termina en una ley como en el caso argentino. 

Las resistencias de varios Estados de los EEUU en la implementación de la decisión nunca serán analizadas y quizás ni sean mediatizadas. Ni la forma en que su conservadora Corte Suprema también capitalizó una decisión que viene a ocultar innumerables decisiones indefendibles dictadas en los últimos años en las áreas más diversas y sensibles (mujeres, corporaciones, libertad religiosa, libertades personales, etc). 

En definitiva: Una Corte conservadora ejerce un poco de populismo liberal y/o progresista. Nada nuevo.

la fiesta de los derechos se construye en la calle - NY 2012

Más allá de la multiplicidad de voces en el movimiento LGBT, me interesa analizar, resaltar, el uso de la movilización social y del debate político, mediático y social, como herramienta de cambio social, de transformación política, por fuera de los recurrentes aplausos a los tribunales.

La publicamos en La Izquierda Diario acá y la transcribimos a continuación. Seguimos y salud!

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Matrimonio igualitario: “La comunidad LGBT y la sociedad fueron protagonistas del cambio social”

Ayer se cumplieron cinco años de la ley de matrimonio igualitario sancionada por el Congreso de la Nación. Esa conquista legal se logró en un proceso ascendente de construcción democrática de derechos individuales y colectivos, derechos de autodefinirse y autodeterminarse, un derecho que reconoce amor e igualdad, respeto y comunidad.

La sociedad en 2010 repasó, en un debate colectivo, años de lucha de la compleja y diversa comunidad LGBT con toda la sociedad, sus grupos más abiertos y sus instituciones más oscuras y cerradas.

Ese diálogo, esa fricción, esa lucha de décadas es la que se sintetizó en un “momento democrático”, en un cambio social reflejado en la ley. Fue una puerta que se abrió desde afuera, desde la sociedad, un cambio cultural que forzó al sistema institucional a escuchar, a cambiar.

Recientemente, en el mundo se festejó, y con razón, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de reconocer la constitucionalidad del matrimonio igualitario en sus cincuenta estados. Sin embargo, las Cortes Supremas tienen un rol dual ante los movimientos sociales, de la sociedad organizada y sus agendas de luchas por más y mejores derechos, especialmente ante aquellos que amenazan el status quo religioso, social, económico y simbólico.

Las Cortes pueden colaborar en el reconocimiento judicial de un derecho. Sin duda. Pueden colaborar en el relato social y mediático del derecho, pero no construir un derecho. Los pueblos construyen sus derechos: las mujeres, los trabajadores, los obreros, todo grupo organizado construye los derechos. No las instituciones.

Las Cortes han demostrado una ineficacia estructural en cambiar políticas públicas, en frenar violaciones sistemáticas, evidenciando complicidad e hipocresía. Casos como el “Riachuelo”, “Verbitsky” (cárceles), Badaro (jubilados), “FAL” (aborto), entre tantos otros a nivel nacional e internacional, lo demuestran.

Las Cortes mayormente son obstáculos al cambio social porque, además de abandonar los procesos de implementación de sus propias sentencias, después de usar a los colectivos que luchan, y que están atrás de las causas y de los expedientes; lo que hacen es ocultar el entramado social que impulsa el cambio, castrar al actor, capitalizar su lucha. La acción social se congela en una “sentencia”. La Corte capitaliza la decisión, se autorreferencia como protagonista y obstaculiza la herramienta social de conquista de derechos: la acción colectiva transversal y social de construir un derecho desde la política democrática.

La Corte capitaliza para sí, como un órgano político, lo que son años de luchas y construcción ascendente. Mientras otros pusieron el cuerpo, la Corte pone la “cara institucional”. Se la aplaude y se la elogia, obsecuentemente, con los bufones de la Corte. Transforma la práctica social en un fallo olvidado, en un fallo sin política, sin implementación. Hermosas palabras sin política.

Si la Corte hubiese dictado su decisión en el fallo “Rachid”, habría tapado el proceso político y social, democrático y de lucha que hubo en 2010. Su palabra hubiese censurado la lucha colectiva. “La Corte” lo dijo. En contraste, su silencio -producto de la prudencia, del miedo o de la autorrestricción democrática- aumentó la visibilidad del actor dinámico, del protagonista: la sociedad conquistando la igualdad, expendiendo derechos.

Festejar la ley, en este caso, es festejar una conquista de una acción democrática. La Corte no tiene autoridad democrática para decirle nada a la sociedad. No la tuvo cuando dictó el horrible fallo “CHA”, entre tantos otros. Fue obstáculo de un cambio, otra vez.

Hoy sabemos que cuando las prácticas culturales de una sociedad conquistan un derecho, esta acción construye una libertad y una igualdad que se inscriben en la constitución genética de la cultura del pueblo, en su corazón democrático e igualitario. Se conquistó un derecho, se visibilizó una herramienta para conquistar más y mejores derechos.

Mañana UP Matrimonio Igualitario en Estados Unidos: Doma, referendúm y US Supreme Court

Nos llega esta información sobre una muy interesante mesa organizada por el Programa Linkages de UP-YALE. Es mañana Lunes 27 de Mayo 14 hs. en Mario Bravo 1050. La actividad es abierta y gratuita pero requiere inscripción previa, acá. Les dejo   más información. Salud!

"Este año, la Corte Suprema de EEUU decidirá sobre dos casos que debaten la constitucionalidad de la Ley DOMA y de un Referéndum en California prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo.Ambas decisiones tendrán repercusiones enormes—legales y políticas—en todo el país.

El debate estará a cargo de Karlanna Lewis y Whitney Leonard de Yale Law School quienes se encuentran en la Facultad de Derecho de la UP en el marco del programa de intercambio entre ambas instituciones.

El evento será moderado por la Prof. Florencia Saulino. Master en Derecho, Universidad de Nueva York y profesora de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo".-

Acción colectiva y derechos (o cómo la propia sociedad puede proteger sus derechos)

Andy Chango - NY 2012

Hoy estuvimos discutiendo, como invitados en una de las comisiones de la Facultad, sobre derechos sociales, debilidad judicial y nos preguntabamos sobre las diferentes vías para expandir y proteger derechos en general y derechos colectivos en general. Mencionamos algunas ideas, publicadas hace un tiempo en esta nota de P12, sobre cómo la construcción colectiva y horizontal de derechos a veces iba de la mano -pero a veces no- con la estrategia judicial. Adjuntamos la nota que se puede leer acá.

Acción colectiva y derechos de los grupos desaventajados 

Después de todas las resistencias judiciales y administrativas, de la debatida sesión en la comisión de la Cámara de Diputados y de haber obtenido legítima presencia en la agenda pública para el 2010, el primer matrimonio entre personas del mismo sexo se pudo concretar en diciembre pasado, no sin sorpresa, en la provincia de Tierra del Fuego, con gestiones de las autoridades provinciales, el cuerpo legal del Inadi y la federación LGBT. Así se logró un importantísimo paso para que el cambio social se traduzca en un cambio legal y esa transformación legal impulse más cambios sociales. Este proceso fue una combinación de actos, militancia política de la comunidad LGBT (Lesbiana, Gay, Bisexuales y Trans), estrategias legales, decisiones judicialesadministrativas con sus respectivas apelaciones y cambios de jurisdicción. Su resolución política nos permite tener una muy buena oportunidad, una vez más, de reflexionar sobre las formas de las luchas sociales para la expansión, protección y concreción de derechos. 

La decisión judicial, dictada por la jueza Seijas en noviembre pasado, que reconoció la violación de derechos humanos básicos establecidos en la Constitución Nacional, fue un avance normativo evidente, más allá de que no haya podido implementarse. Bien fundamentada y razonada, la sentencia permitía no sólo resolver el caso individual e introducir un precedente, no obligatorio pero muy relevante, para futuros casos similares, sino que principalmente ponía argumentos de peso en el debate del espacio público. A pesar de lo que pueda parecer a primera vista, este fallo no fue el comienzo sino un paso más, significativo sin dudas, de los que viene realizando activamente y en constante movilización la diversa comunidad LGBT. 

Suele suceder, las reformas legales o sentencias de vanguardia son producto de procesos de que pueden venir desde arriba o desde abajo, desde el sistema o desde la sociedad con movilización y luchas sociales de largo plazo. Cuando se concretan, paradójicamente, se invisibiliza el proceso y sus principales actores. Se piensa que se está ante una línea de llegada y no ante un paso más; se siente que la lucha terminó, a pesar de que debe continuar, se piensa que se está adentro, pero simplemente se está frente a una puerta abierta. 

La decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de no apelar la decisión demostró (más allá de las razones de fondo) la importancia y la presencia de la comunidad en el espacio público y del apoyo de la sociedad a ésta, resultado de ese proceso de cambio social, de transformación de las preferencias sociales resultado de un diálogo intergeneracional y educación democrática, vía la práctica social de la democracia. Esa presencia en la esfera pública es resultado de un proceso de liberalización y movilización política, de incidencia en el espacio, que se ganó el respeto, más por la presencia social que por la acción judicial. Judicial y jurídicamente, en la actualidad, hay más resistencias y prejuicios infundados que en la misma sociedad, tomando en cuenta encuestas y la opinión pública en diversos medios. En definitiva, el matrimonio es un hecho culturalmente tolerado a pesar de que legalmente puedan aflorar obstáculos legales y resistencias reflejas. 

La concreción del matrimonio de personas del mismo sexo de diciembre pasado, con su formalidad de ley, con apoyo de autoridades de la provincia y de la Nación, es una victoria legal no sólo individual sino de un capital simbólico y cultural que expande las libertades de un grupo social, a la vez que demuestra madurez de una sociedad, antes más renuente. Los nuevos fallos, sean de primeras instancias o de la mismísima Corte Suprema –que ya evitó expedirse hacia fin del año pasado–, podrán ayudar (o no) pero no reformarán el derecho ni sus prácticas. Es por eso que en el plano legal la verdadera batalla sigue pendiente y tendrá lugar, en el corto plazo, en el Congreso de la Nación. 

La lucha por el derecho en el plano judicial y en el plano administrativo tiene severos límites que hay que superar políticamente. En cambio, la lucha política en el campo de lo social por los derechos tiene una vitalidad siempre mayor y es por excelencia dinámica. Su lenguaje es el de la sociedad misma que cambia, autolegislándose, sin necesidad de jueces o legisladores. La sociedad posee hoy una práctica social que reconoce derechos donde las leyes y el poder judicial los desconoce. En la militancia de derechos que muchos grupos políticos, colectivos sociales y ONG realizan, se fomentan y cosechan los aprendizajes que en democracia la sociedad desarrolló para reconocer y proteger expresiones y formas de vida alternativas. 

En lo social está la principal arena pública y el objetivo más importante que la comunidad LGTB tiene por delante. Es por eso que también allí se da la verdadera batalla política para cualquier derecho, para todos los derechos. Puede que el congreso refleje esa arena o sea, como a veces resulta: sordo y ciego a ese cambio, cómplice inercial de las injusticias. 

Es por eso, que en este 2010, la lucha todavía sigue siendo en la sociedad y con la política, estos ámbitos deben impulsar la activación del espacio público legislativo, allí es donde la lucha continúa, no sin dificultades a vencer, ni quietismo a evitar. Finalmente, cabe recordar que las libertades y los derechos, logrados colectivamente por generaciones de argentinas y argentinos, se defienden colectivamente con la acción política de sociedad pero desde la misma sociedad. Se puede pensar en los procesos de memoria colectiva y de igualdad de género hoy abiertos, y en el respeto social al derecho a la protesta (que reduce la criminalización). El cambio legal se consolida en un proceso social cuando consiste en una verdadera transformación que se produce en la misma sociedad y, eso mismo hace que se dificulte (o impida) el retroceso, la regresión. En eso consiste su fortaleza, su principal y fiel garantía que la sociedad protegerá ese derecho con su práctica social de todos los días. 

Si esta lucha se logra, repercutirá en otros conflictos de la comunidad específica pero también nos permitirá refrescar una importantísima lección de cómo los derechos se conquistan, y de cómo defender los derechos de un grupo permite aprender a proteger los derechos de todos. Con eso detrás, deberíamos pensar colectivamente cómo podemos establecer una agenda, múltiples agendas, para proteger los derechos de miles de personas que viven en la pobreza extrema, en la desigualdad educativa, en la explotación laboral, en la exclusión social y en la ausencia de peso político de sus reclamos en un sistema institucional que se presenta, tantas veces, ajeno a esa sociedad. 

Lucas Arrimada * Profesor de Derecho Constitucional. Investigador Adscripto del Instituto Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho (UBA-Conicet).